Las personas con discapacidad celebramos este Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras con un gran avance normativo. Esto es así porque después de un largo proceso de reivindicación hemos logrado que una ley reconozca el estatuto de persona consumidora vulnerable.

 

Esto va a permitir que tengamos una protección reforzada. Así se recoge en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La ley ofrece, por tanto, una mayor defensa y protección a las personas con discapacidad, pero va más allá: identifica segmentos más vulnerables, como las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad mayores.

 

Además, la norma reconoce la accesibilidad universal como un elemento esencial para poder hablar de consumo inclusivo, obligando a que las comunicaciones y la información se elaboren en formatos que garanticen su accesibilidad universal.

 

Esta ley no solo es importante por ese reconocimiento. Incluye otros preceptos esenciales también para la autonomía de las personas con discapacidad.

 

La primera, la obligación de que el gobierno regule el etiquetado en braille en el plazo de un año desde que esta ley entra en vigor.

 

La segunda, la obligación de que las personas con discapacidad y personas mayores sean destinatarias de las nuevas medidas establecidas en favor de la inclusión financiera, dado el grave problema de discriminación y desatención que vienen soportando estos grupos sociales en el acceso a los servicios financieros, en especial, los bancarios.

 

Gracias a la labor de incidencia política del CERMI hemos conseguido avanzar en la agenda política de la discapacidad en un ámbito esencial para la vida diaria, como es el del consumo.

 

Aquí os dejo el enlace para encontrar la ley en Internet  

 

Fuente: Blog Fundación ONCE